El Ayuntamiento niega las competencias y señala a la Comunidad de Madrid como única responsable ante las infracciones de ruido que ya están certificadas
El consistorio también reconoce incumplimientos que están afectando al aire, al suelo y a las aguas, pero sigue con su plan de levantar una guardería, un instituto y 700 viviendas a metros de Corrugados
La Plataforma de Afectad@s por Corrugados sigue esperando las mediciones de ruido, emisiones y olores que ni el gobierno local, ni regional, facilitan
Lo ha vuelto a hacer. El Ayuntamiento de Getafe se quita de en medio en el problema de Corrugados Getafe y señala a la Comunidad de Madrid como única responsable de hacer cumplir la normativa a la fundición, asegurando que el consistorio no tiene competencias, pero no es así.
El Defensor del Pueblo, ya en 2018, reconoció las competencias del consistorio en zona residencial, al que culpó de “contradicción” sobre el “procedimiento de legalización de la instalación [Corrugados]”, teniendo en cuenta que el “Ayuntamiento emitió en 2008 un informe de compatibilidad urbanística [sobre Los Molinos] cuando previamente, en 2006, ya había suscrito el protocolo para su traslado”, al reconocer que la fundición afectaría al futuro del barrio. Una mentira más que se une a la falta de transparencia del consistorio que sigue sin dar acceso a esta plataforma a los documentos de medición de ruido encargados a nivel local en verano.
El Ayuntamiento, en un comunicado, confirma la existencia de “estudios que señalan que la empresa incumple los niveles de ruidos en el ámbito industrial”, además de “otros incumplimientos en ámbitos como el medio atmosférico, el suelo y el medio hídrico”, que dicen “afectan también en mayor o menor medida a la zonas residenciales”.
Una revelación importante que pone encima de la mesa hechos muy graves. Sin embargo, además de pedir a la Comunidad de Madrid que endurezca la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el Ayuntamiento solo apunta a la necesidad de aplicar las sanciones necesarias a Corrugados obviando, una vez más, la necesidad de aplicar una paralización temporal de la actividad como marca la AAI pues, ahora mismo, no es seguro que la fundición siga activa para la salud de miles de vecinos. No lo decimos nosotros, lo dicen los informes a los que señala el Ayuntamiento.
Y es que la Comunidad de Madrid, siendo la responsable de controlar que se cumple cada punto de la AAI para que Corrugados pueda funcionar, tampoco está siendo transparente. Desde la consejería tampoco se nos facilitan los informes de medición de ruido, olores y emisiones realizados por los técnicos, no se nos informa de las infracciones detectadas en las inspecciones, y ha sido el organismo que ha concedido prórrogas y más prórrogas a la fábrica durante meses al no haber acometido las obras exigidas por la justicia que siguen sin terminarse, motivo por el que la actividad debería pararse de manera cautelar.
El gobierno regional está en un momento de revisión de la AAI, pero según ha podido saber esta plataforma, se muestra contraria a endurecer los parámetros de la autorización, pese a ser consciente de los innumerables incumplimientos de la fábrica, muchos de ellos considerados desviaciones graves, que ponen en jaque la salud de las personas y del entorno.
Los hechos son graves. Desde esta plataforma consideramos que la política aplicada por ambas administraciones está siendo cuanto menos irresponsable, negligente y opaca. El mejor ejemplo lo tenemos con el gobierno de Sara Hernández, que pese a la situación de completa ilegalidad de Corrugados, sigue adelante con su plan para construir una guardería de 0 a 6 años, un instituto, un centro cívico y 700 viviendas a los pies de la fundición.
Ante esta situación extrema, exigimos a la Comunidad de Madrid que nos facilite toda la información relativa a los incumplimientos de la fundición y que haga cumplir de manera inmediata la AAI que sus propios técnicos han aprobado, paralizando ya la actividad nociva e irregular de Corrugados y que sus propios informes confirman. Al Ayuntamiento de Getafe le requerimos que deje de echar balones fuera. Es su obligación aplicar las competencias que tiene en suelo residencial. Además, volvemos a pedir transparencia y que se nos faciliten los informes sobre mediciones de ruido realizadas por el gobierno local. No entendemos cómo ante la gravedad de la situación, Getafe vuelve a dar la espalda a los vecinos sobre una cuestión de salud pública que el tiempo está demostrando que es real y que hay que atajar ya.
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