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La actividad nociva e irregular de Corrugados no frena al Ayuntamiento que levantará una escuela infantil a 200 metros

 

  • Varias inspecciones de la Comunidad de Madrid han encontrado, hace solo unos meses, desviaciones “muy relevantes” en emisiones, ruido, funcionamiento de las instalaciones, suelo y aguas subterráneas

  • Exigimos al Ayuntamiento que haga cumplir la normativa a Corrugados y que sea transparente con los informes sobre ruidos que han pedido entidades sociales y vecinos y vecinas 

 


Construir una escuela infantil de 0 a 6 años y un centro polivalente a 200 metros de Corrugados. Es la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Getafe pese a tener informes en su poder que demuestran que la fundición incumple sistemáticamente desde hace años las normas de emisiones tóxicas y de ruido. Es decir, el consistorio sabe que esta industria pone en riesgo la salud de miles de vecinos, muchos de ellos niños, y aún así ha decidido proyectar la construcción de dos espacios destinados a menores frente a la fundición. 


Mapa publicado por el Ayuntamiento de Getafe al que le faltaba indicar la ubicación de Corrugados Getafe

Desde la Plataforma de Afectad@s por Corrugados Getafe manifestamos nuestro asombro y nuestro desconcierto. No entendemos cómo después de las reuniones con representantes del Ayuntamiento y de que varias inspecciones de la Comunidad de Madrid hayan encontrado, hace solo unos meses, desviaciones “muy relevantes” en emisiones, ruido, funcionamiento de las instalaciones, suelo y aguas subterráneas, se pretenda exponer a niños a los efectos nocivos de Corrugados construyendo una escuela y un centro cívico prácticamente a sus pies.


El consistorio es tan consciente de la ilegalidad de Corrugados, que cabe recordar que este mismo verano le impuso una multa de 30.000 euros por incumplir la normativa de ruido, confirmando que tiene competencias sobre la fundición. Desde esta plataforma sabemos que el Ayuntamiento dictó la sanción presionado por la evidencia de los datos tras realizar mediciones en viviendas cercanas que llegaron a registrar 73dB en plena noche cuando el máximo no debe superar los 55dB. Informes que no facilitan pese a ser solicitados por esta plataforma, por parte de las vecinas y los vecinos de los barrios y de otras entidades.


Foto: PA Corrugados, enero 2022

Sin embargo, parece que el Ayuntamiento sigue los pasos de la Comunidad de Madrid: condenarnos a sufrir las consecuencias de respirar dioxinas, furanos y metales pesados a diario, y de no poder dormir a causa del ruido. A ambas administraciones les da tan igual la situación que estamos sufriendo miles de personas, que jamás han tenido en cuenta las cartas del Defensor del Pueblo en respuesta a las quejas de una vecina, proponiendo a ambas administraciones “buscar un nuevo emplazamiento” para la fundición, asegurando que el hecho de que las viviendas del barrio de Los Molinos se construyeran después de que la empresa estuviera funcionando “no quiere decir que los vecinos deban soportar la contaminación”. Se refiere al protocolo firmado en 2006 entre el Ayuntamiento de Getafe y la empresa, en el que ya se reconoce antes de dar luz verde a la construcción de Los Molinos que “las actuales instalaciones se encuentran en el borde de la trama urbana residencial del municipio, afectando considerablemente a la calidad de vida actual y de futuro” (punto 2). 


Por todo esto, denunciamos que la construcción de una escuela infantil y un centro cívico a 200 metros de Corrugados es una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Getafe, que toma la decisión sabiendo que pone en riesgo la salud de cientos de menores al ubicar esos dos espacios en las proximidades de una fundición que incumple la normativa y que en estos momentos funciona de manera irregular. 


Conminamos al consistorio a que haga cumplir la normativa a Corrugados antes de ubicar ninguna otra actividad, del tipo que sea, en las inmediaciones de la fundición, y a que cumpla con la transparencia debida y dé cuenta de los informes sobre ruidos que obran en su poder y que se niega a facilitar a las vecinas y vecinos, así como a las entidades sociales que se lo han pedido.



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